martes, 15 de marzo de 2011

Colony Park - Bloque Coalición Cívica-ARI Tigre, presentó Proyecto de Decreto para que el HCD solicite al OPDS, la nulidad de la Audiencia Pública sobre “Colony Park”.

VISTO:

La Resolución 34/11 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que suspende por noventa (90) días la Audiencia Pública convocada para el 23 de febrero, según Resolución 06/11, sobre el emprendimiento urbanístico “Colony Park” en la Primera Sección de Islas del Delta y

CONSIDERANDO

Que el proceso desarrollado para la construcción de este mega barrio cerrado, llevado a cabo desde el año 2008, junto al desplazamiento forzado de los pobladores locales y el consiguiente avasallamiento de sus derechos, ya ha provocado y continuará provocando modificaciones en los humedales con sus consecuentes impactos a la biodiversidad y la calidad del agua.

Que es inaceptable que se sigan realizando intervenciones en el Delta que contradigan los lineamientos establecidos en el acta de Intención del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná PIECAS-DP, firmada en septiembre de 2008 por los Gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con el compromiso de destinar “los mayores esfuerzos” para “proteger, conservar y aprovechar en forma sostenible los componentes de la diversidad biológica y los recursos naturales en el área”.

Que el Delta del Paraná forma parte del Sistema de Humedales Paraguay-Paraná, el corredor de humedales más importantes del planeta, cuyas funciones ecosistémicas son vitales para la continuidad de la vida, tanto al interior del Delta como en las ciudades ribereñas.

Que los humedales proveen bienes y servicios ambientales que contribuyen al bienestar humano: hábitat de flora y fauna silvestre, provisión de recursos para actividades productivas, amortiguación de inundaciones y sequías, adaptación y mitigación del cambio climático y provisión de agua potable.

Que existe una tendencia creciente a promover el desarrollo de emprendimientos sobre territorios extendidos, que ocupan valles de escurrimiento natural de cursos de agua e incluso territorios insulares, sin que medie un patrón que tienda a preservar las condiciones de sostenibilidad ambiental de las cuencas y los ecosistemas de tipo humedal.

Que en  el Artículo 1° inciso b) de la Resolución N° 141/10 el Defensor del Pueblo de la Nación exhorta a las Municipalidades de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando a sólo autorizar emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales.

Que es imprescindible que el OPDS tome las medidas necesarias para rechazar obras que están poniendo en riesgo los humedales del Delta y resguarde los derechos sociales, económicos y culturales de los pobladores isleños frente al uso irracional de los recursos naturales que realizan otros actores más poderosos.

Que los artículos 7º y 8º de la Ley Nº 11.723 establecen los criterios del Planeamiento y Ordenamiento Ambiental, en lo que hace al desarrollo de actividades productivas de bienes y/o servicios, en el aprovechamiento de recursos naturales y en la localización y regulación de los asentamientos humanos.

Que el artículo 10° de la Ley Nº 11.723, establece que todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según los supuestos descriptos en el Anexo II de la citada Ley.

Que el Decreto 9404/86 en su Artículo 6° determina la documentación necesaria para obtener la convalidación técnica preliminar de un anteproyecto, y en su último párrafo establece que el otorgamiento de la convalidación técnica preliminar no implica autorización para efectuar ningún tipo de obras ni para formalizar compromisos de venta.

Que el Artículo 23° de la Ley 11.723 establece que si un proyecto de localización y regulación de asentamientos humanos comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la Declaración de Impacto Ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente.

Que el Artículo 3º de la Resolución 29/09 del OPDS establece que todo proyecto que conlleve una o más tareas u obras de tipo endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños, serán sometidas a Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Provincial, en el marco del Anexo II. Item I de la Ley N° 11.723.

            Que el OPDS debería garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y debería actuar consecuentemente estableciendo las políticas ecológicas y sociales adecuadas, en su carácter de autoridad ambiental responsable de la Provincia de Buenos Aires.

Por todo lo expuesto el Bloque de la Coalición Cívica-ARI eleva para su tratamiento y aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°.- Este HCD solicita al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) la nulidad de la Audiencia Pública convocada para el 1° de Julio de 2011 (Resolución 34/11) sobre el emprendimiento urbanístico “Colony Park” en la Primera Sección de Islas del Delta y establezca la clausura definitiva del mismo.

Artículo 2°.- Este HCD solicita al OPDS realice una evaluación del daño ambiental provocado por la empresa, y exija el inicio de acciones de remediación por daño colectivo.

Artículo 3º.- De forma.
Bloque  Coalición Cívica-ARI, Tigre   marzo de 2011.


                                                                                 

                                                                                  LUIS CANCELO
                                                                                         Concejal
                                                                      Pte. Bloque Coalición Cívica-ARI

 


 

viernes, 4 de marzo de 2011

ATENTADO MAFIOSO EN PUNTA QUERANDI

viernes 4 de marzo de 2011

Mensaje mafioso en Tigre: EIDICO atentó contra el campamento de Punta Querandí

Fue ayer a la tarde, entre las 13 y las 18 horas, cuando nos reuníamos en otro lugar con docentes de Tigre y Escobar para ultimar detalles de la Jornada Educativa que se realizará mañana sábado en Punta Querandí, la cual ratificamos más que nunca. Desconocidos hicieron destrozos en el acampe, ubicado sobre la calle Brasil en el paraje rural Punta Canal, entre Ingeniero Maschwitz y Dique Luján, en las inmediaciones de los barrios privados Santa Catalina, San Marco y San Benito. Hoy realizaremos las denuncias correspondientes.
Mensaje mafioso en T...

Recordemos que nuestra protesta pacífica, la cual se desarrollaba hasta ahora sin incidentes desde el 19 de febrero de 2010, reclama por una venta ilegal de tierras públicas y la desprotección oficial de un sitio arqueológico con restos milenarios.

El lugar que defendemos pretende ser anexado al Complejo Villa Nueva de barrios privados, desarrollado por la firma EIDICO, de un ex asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación cuando estuvo a cargo de Sergio Massa, actual intendente de Tigre.

Esta acción fue un mensaje mafioso y toda una definición de la empresa respecto a que no está dispuesta a ceder, justo cuando desde algunos organismos del Gobierno Nacional actúan a favor de nuestras demandas.

¿Qué pudo haber pasado si volvíamos al acampe justo cuando este ataque se consumaba?

Próximamente comunicaremos las medidas que tomaremos; por lo pronto pedimos el repudio de estos hechos por parte de organismos oficiales, autoridades, legisladores, organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos.

LOS DAÑOS. Desaparecieron la enorme whipala -emblema indígena- que identificaba la protesta a un par de kilómetros de distancia, la tiraron al río, igual que la bandera del Movimiento en Defensa de la Pacha y el cartel que señalaba el sitio arqueológico Punta Querandí que habíamos colocado para el aniversario del acampe, hace dos sábados.

Además rompieron nuestro humilde Salón de Usos Múltiples y elementos de uso diario que allí dentro se encontraban como una mesa, la estantería, una heladera, dos parrillas; y destrozaron una lona que daba sombra en la costa, el tanque de agua y el baño, utilizados no sólo por nosotros sino por las familias y pescadores que concurren asiduamente al lugar por ser uno de los últimos accesos públicos al agua en el norte de Tigre y sur de Escobar.

Sugestivamente, cortaron la vegetación que crecía en el predio del sitio, separado de la calle con un alambrado. Dispersos por toda la costa del Canal Villanueva, en una extensión de 50 metros, encontramos algunas de nuestras pertenencias destruidas y otras banderas que fueron quitadas del campamento, como la de la agencia de noticias Indymedia, la agrupación Pueblos Originarios en Lucha y la Corriente Clasista y Combativa de Escobar, algunos de los que acompañan nuestro reclamo.

LAS RESPONSABILIDADES. Esta situación de tensión es responsabilidad de los organismos estatales que generaron el conflicto. En primer término la ONABE (ahora Administración de Infraestructuras Ferroviarias, del Ministerio de Planificación Federal), porque en el 2007 vendió tierras públicas que eran un camino y un parador popular que contenían al menos un sitio arqueológico. En segundo lugar, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y del CONICETDaniel Loponte y Alejandro Acosta, quienes tras una reducida y veloz campaña de rescate financiada por EIDICO durante 10 días de diciembre de 2008 entregaron el predio a la empresa desatendiéndose del sitio arqueológico. Ambas situaciones nos obligaron a formar el Movimiento en Defensa de la Pacha para defender este lugar y exponernos a hacerle frente a una empresa muy poderosa.

También recordamos que el Concejo Deliberante de Tigre se había comprometido a dar una resolución a fines de diciembre a través de una Comisión Especial y prolongó la definición por tiempo indefenido.

ACCIONES POCO CRISTIANAS. La empresa EIDICO dice sostener valores católicos; a 200 metros de campamento pusieron una Iglesia del Opus Dei, dentro del emprendimiento llamado San Benito en homenaje al Papa Benedicto XVI. Al comienzo y durante este conflicto muchas personas nos alertaron de que tratábamos con mafiosos.

Ya antes del campamento, durante la reducida y veloz campaña arqueológica financiada en diciembre de 2008 por Jorge O'Reilly, directivo de EIDICO, éste se apersonó al lugar con tres matones. En octubre de 2010, Juan Bosch, abogado de esta empresa, pateó nuestra Apacheta (altar indígena ) y en noviembre se lo escuchó decir en los pasillos del Concejo Deliberante que en otros tiempos estas cosas se solucionaba con tres tiros.

Por último, a fines de enero directivos de EIDICO se acercaron al acampe y a viva voz hablando entre ellos dijeron que iban a volar el campamento, meter máquinas para ensanchar el Canal Villanueva en el sitio arqueológico y cerrar la calle Brasil.

LO ILEGAL, UNA NORMA. Lo que más molesta a la empresa, además de esta reivindicación indígena y popular, es que la protesta visibiliza la transferencia irregular de tierras ferroviarias que podrían jaquear los barrios privados San Benito y San Marco, ya que los terrenos fueron adquiridos por doa sociedades anónimas (Chilespa y Muquebari) que ocultaron al Estado Nacional que ya no eran propietarias linderas, un requisito ineludible para concretar dichas operaciones que afectaron al patrimonio nacional.

No es la primera vez que esta empresa se adueña de terrenos públicos de forma irregular, el caso más resonado en el último tiempo es el del barrio privado Santa Bárbara, en terrenos de ENTEL y Radio Nacional, situación por la que la Oficina Anticorrupción denunció a la Justicia Federal a dos ex funcionarios y un particular, entre ellos la símbolo menemista María Julia Alsogaray.

Desaparecieron la Wiphala, la tiraron al rio... Si al fin y al cabo tienen la misma metodologia: los Mendoza, los Garay, los Roca, los Videla, los Massera, los Lanusse, los O'ReillyEIDICO. Muy cobardes estos ultimos, pues tiran la piedra y esconden la mano. Muy obvios sus manotazos de ahogados. Pero estos berrinches de niño caprichoso (que no obtiene lo que quiere), solo nos darán más fuerza para seguir adelante. Y de a poquito, despacio pero inevitablemente descolonizar Buenos Aires!!!

Movimiento en Defensa de la PachaViernes 4 de marzo de 2011